Discrepancias constitucionales con la decisión del Gobierno de Page de otorgar derechos de caza en los caminos públicos

La decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de otorgar derechos de caza a los titulares cinegéticos en las vías pecuarias y caminos públicos ha generado un conflicto ante la Administración General del Estado que considera que la norma puede ser inconstitucional.

Lo ha denunciado Ecologistas en Acción después de que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha haya publicado esa semana una resolución de la Viceconsejería de Relaciones Institucionales que recoge el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado- Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 1/2024, de 15 de marzo, de Medidas Administrativas y de Creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha. Es la conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad autónoma para este año.

Se aprobó el pasado 14 de marzo en las Cortes de Castilla-La Mancha y cambió, de golpe, quince leyes. Lo hizo modificando pequeños aspectos pero uno de ellos supone que se pueda cazar en las vías públicas y había generado mucha polémica. En concreto, en este caso, se cambió el artículo 18 de la Ley regional de Caza para otorgar a las personas titulares de aprovechamientos cinegéticos la posibilidad de cazar en las vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizados y vías pecuarias, cuando estas atraviesen por el interior de un terreno cinegético.

El Gobierno de Castilla-La Mancha esgrimió que la iniciativa trataba de mejorar la seguridad, pero la organización Ecologistas en Acción criticó no solo que se colase este cambio “a escondidas”, sino que “esta normativa permitiría cortar sin previo aviso ni publicidad rutas por las que transitan personas y ganadería y que a día de hoy constituyen una importante infraestructura verde para actividades pecuarias, deporte, ocio y turismo en la naturaleza, con todo lo que ello conlleva de perjuicio para el desarrollo rural”.

Ahora el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha iniciarán negociaciones “para resolver las discrepancias suscitadas” en relación con los artículos 13.Dos y 18 de la Ley 1/2024, de 15 de marzo, de Medidas Administrativas y de Creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha.

Se designará un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación “la solución que proceda” y se comunicará de forma posterior al Tribunal Constitucional, de acuerdo a la resolución que firman el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez y el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero.

La figura de la Comisión Bilateral de Cooperación comenzó a funcionar a finales de los años ochenta, cómo órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Su objetivo es evitar que los conflictos jurídicos lleguen ante el Tribunal Constitucional y puedan resolverse antes.

Ecologistas en Acción: “Un gran paso” contra una ley que defiende solo “intereses privados”

Contra la medida que permite cazar en vías públicas ya se habían recogido más de 5.000 firmas - hoy hay más de 13.000- en una campaña que llevaron a cabo varias organizaciones ecologistas. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha negado siempre las acusaciones y en una entrevista con elDiario.es Castilla-La Mancha afirmó que se trata de una decisión para “blindar” los caminos públicos y vías pecuarias y proteger a los usuarios.

Ahora, la decisión tomada por la Administración General del Estado le da la razón a los grupos ecologistas. Hoy recuerdan que se produce después de las denuncias presentadas ante el Ministerio de Transición Ecológica por Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos y la Federación de Deportes de Montaña. “Se inicia el procedimiento de recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha”, advierten.

Estas organizaciones conservacionistas lo “celebran” y explican que la Administración General del Estado disponía de tres meses desde que el 21 de marzo pasado se publicó la modificación de la Ley de Caza para que se notificara al Tribunal Constitucional las discrepancias con la normativa castellanomanchega y la creación de una Comisión Bilateral con la Junta de Castilla-La Mancha para intentar resolverlas.

Ahora se abre un plazo máximo para acordar una solución al conflicto de constitucionalidad de 9 meses desde que se publicó la modificación de la Ley. En el caso de que no se alcance un acuerdo entre ambas administraciones, la Administración General del Estado tendría que formular el correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal.

Para las entidades denunciantes este “es un gran paso que valida los argumentos que se vienen esgrimiendo contra una ley que va en contra del uso público y del medio ambiente y en favor de unos intereses meramente privados, como son los del lobby cinegético”.

Aunque no se conoce el contenido y alcance exacto de las discrepancias que se van a plantear al Gobierno de Castilla-La Mancha, dicen que “al menos debe haber dos cuestiones de dudosa constitucionalidad”. Por un lado, el incumplimiento de la Ley estatal de Vías Pecuarias “en el sentido de que no sería legal otorgar derechos de caza sobre ellas” y, en segundo lugar, el hecho de que “se puedan celebrar actividades cinegéticas que son incompatibles con otros usos que sí son propios de estas infraestructuras verdes como el ganadero, el medioambiental y el uso público”.

Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos y la Federación de Deportes de Montaña recuerdan que las denuncias vienen avaladas por informes jurídicos, así como por las firmas de más de 100 entidades suscriptoras del 'Manifiesto en Defensa del Uso Público de las Vías Pecuarias, Caminos y Senderos de Castilla-La Mancha' y las de más de 13.000 personas que han firmado en contra de la medida.

La Junta cree que “la caza es necesaria y compatible con usar vías pecuarias”

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible confirman la próxima creación de la comisión bilateral para abordar “dos discrepancias”. No solo con el artículo 13 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la región que modifica la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, sino con el citado artículo 18, que modifica la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. “En relación a este punto se debate la concesión del aprovechamiento cinegético en vías pecuarias, no se hace ninguna consideración a los caminos con los que no existen ninguna discrepancia”, explican las mismas fuentes.

 “Daremos nuestro puesto vista y defenderemos los intereses de nuestra región. Por ejemplo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática afirma en su escrito que la actividad cinegética no es un uso tradicional compatible y nosotros expondremos nuestro desacuerdo”.

El Gobierno de Emiliano García-Page mantiene que “la caza es una actividad tradicional, necesaria y compatible con el uso principal de las vías pecuarias”. En cualquier caso, abundan, “esperamos llegar a un entendimiento con la Administración General del Estado”.