Mallorca es un territorio insular frágil y limitado. La industria turística no ha querido ser consciente de los límites que ello implica y las políticas económicas, centradas casi exclusivamente en el monocultivo turístico, se han dedicado a diseñar infraestructuras y gestionar los recursos (incluido el territorio) para que esta limitación física no fuera nunca un impedimento para nuevos crecimientos y el desarrollo de nuevas inversiones –antes de especuladores locales, o grandes empresas estatales, ahora, cada vez más, de los impersonales fondos de inversión–. También de nuevos productos turísticos que comparecen de la mano del discurso de los supuestos beneficios de la “desestacionalización turística”. Últimamente, de la mano de un gobierno “progresista” bajo la etiqueta de “turismo sostenible” sigue un relato blando de los efectos del turismo y sigue alimentándose el monstruo.
Así, aunque desde colectivos ecologistas como el GOB (en Mallorca desde 1973) y otros colectivos y movimientos sociales de las Illes, hace años que advertimos de la insostenibilidad y los impactos de esta realidad –no sólo ambientales sino también, sociales y económicos– a la que nos ha empujado la turistización total y absoluta de nuestras vidas, podemos asegurar que, finalmente, la situación se nos ha escapado totalmente de las manos.
Somos incapaces de controlar el número de personas, que no hace más que crecer, que visitan nuestras islas –porque no tenemos competencia sobre las grandes puertas de entrada: puertos y aeropuerto– y respondemos a la avalancha de personas mercantilizando turísticamente nuestras viviendas y todos nuestros rincones, aumentando casi hasta el infinito nuestra capacidad de alojamiento, y llevando las infraestructuras y la explotación de los recursos al límite.
En sólo diez años, Mallorca ha pasado de recibir 5,9 millones de turistas anuales a casi el doble, 10,9 millones en el último año. El parque de automóviles ha aumentando un 35% desde el año 2000, sin tener en cuenta los más de 100.000 coches de alquiler que se ponen sobre las carreteras los meses de verano y con el consiguiente récord de consumo de gasolina y gasóleo. En relación a los recursos hídricos, tenemos la mayoría de los acuíferos en situación de sobreexplotación y con problemas de salinización y contaminación. Los embalses sufren escasez en temporadas de sequía como la del año pasado, y la carencia de este recurso básico se compensa con el funcionamiento a todo rendimiento de plantas desaladoras de agua, con el coste ambiental y energético que ello implica. Las aguas grises no se depuran correctamente en unas infraestructuras que han quedado obsoletas y que no están en absoluto dimensionadas para las cantidades de aguas que finalmente han de depurar. Esto se traduce en vertidos de aguas mal depuradas por torrentes y emisarios marinos, y la pérdida de un recurso que se podría reutilizar.
El consumo eléctrico, la producción de basuras, las emisiones de gases contaminantes, confirman su tendencia al alza directamente ligada al incremento de la presión humana sobre este territorio, haciendo que las políticas de ahorro, racionalización o sostenibilidad (cuando tímidamente se plantean) queden en nada y totalmente neutralizadas por el aumento incesante de la demanda en términos absolutos.
Y el territorio, sometido: espacios naturales degradados, ofrecidos como nuevos y “sostenibles” productos turísticos (que fácilmente se masifican), sin estudios previos de capacidad de carga y sin capacidad para garantizar que esta presión sea compatible con la conservación de sus valores naturales; fondeos irregulares, partes con efectos negativos sobre las importantes praderas de posidonia; ocupaciones de las playas para instalaciones temporales de playas ilegales con la consecuente degradación de los sistemas dunares; urbanización del campo o rurubanització, que convierte el suelo rústico, que debería ser de uso exclusivamente vinculado al sector primario, en uno de los suelos con más presión inmobiliaria y para usos turísticos, ya sea por alquileres vacacionales de las viviendas (con piscina obviamente) que se siguen dejando construir, como para ofertas de productos turísticos que se acaban implantando (campos de golf, alojamientos de turismo rural de lujo, etc.), convirtiendo toda la isla en un auténtico parque temático, escenario de las vacaciones de aquellos que nos visitan.
A este panorama en términos ambientales se suman ya los conflictos sociales derivados de la precarización laboral generalizada en todos los sectores de la isla, y especialmente en el sector turístico, los vinculados a la presión que tiene actualmente Palma, la ciudad, como destino turístico con procesos, incipientes y consolidados en función de los barrios, de gentrificación, de desplazamiento de las personas residentes por turistas, desahucios, especulación, de reconfiguración de los espacios públicos y servicios que dejan de ser destinados a las personas residentes y pasan a convertirse en servicios para visitantes. Así como los relacionados con la falta de alternativas de diversificación económica que nos permita pensar en un futuro con el turismo como un sector más de una economía resiliente, equilibrada y adaptada a los límites de nuestra realidad insular.
Ahora mismo la dependencia del sector turístico es absoluta y éste nos somete a sus exigencias para continuar extrayendo un alto rendimiento económico a costa del territorio y las personas que vivimos. Una situación perversa y altamente preocupante y que no sólo tiene Mallorca como territorio objetivo. Ciudades como Barcelona, Valencia, Lisboa y Venecia sufren también las consecuencias de la concepción de las ciudades como espacios de mercantilización turística sometidas a estrategias de marketing de destino y producción de imagen, y vendidas a través de los nuevos canales de comercialización que se esconden detrás de la supuesta “economía colaborativa”. Todas estas ciudades sufren ahora procesos similares con una consecuencia grave común: la expulsión de los residentes y la conversión de las ciudades en ciudades-escenario.
En ningún caso, encontramos una respuesta política capaz (ni con voluntad suficiente) para hacerles frente. Así, ante la ausencia de coraje y voluntad política, la sociedad se organiza y empieza a cuestionar fuertemente el modelo: Ciudad para quien la habita, el colectivo editor del Todo incluido, las asociaciones de vecinos de Palma, Terraferida y GOB son colectivos que trabajan en Mallorca, pero no lo hacen solos. Se establecen redes con otros contramovimientos sociales, como el ABTS de Barcelona, Entre Barrios de Valencia, Left Hand Rotation en Lisboa, No Grandi Navi de Venecia... Colectivos que trabajamos conjuntamente para incidir, a partir del conflicto social, económico y ambiental que genera el monocultivo turístico, en el debate social, en la denuncia y en la generación de alternativas a una realidad desbordada que sólo responde a las lógicas de los intereses vinculados al negocio turístico.
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