Ni prórroga, ni nulidad: así es la tercera vía que maneja el Gobierno valenciano para dar viabilidad al nuevo estadio de Valencia CF

Los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana estudian en estos momentos las posibilidades con respecto a la situación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) con el objetivo de dar una respuesta al Valencia CF tras su solicitud formal de una prórroga sin aportar garantía alguna en cuanto a la financiación de la operación.

Tras esta solicitud, la vicealcaldesa socialista y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, presentó el pasado 17 de mayo un informe que desaconseja conceder una prórroga de los plazos de la ATE y recomienda que, en caso de que finalmente la Generalitat Valenciana decida hacer efectiva la prórroga, se estudie la posibilidad de aplicar una sanción al Valencia CF por incumplir los plazos establecidos (posibilidad contemplada en el documento de la ATE) y que se exijan avales económicos que garanticen el cumplimiento de los nuevos plazos.

Con estos dos documentos en la mano, el Gobierno valenciano debe tomar una decisión y en los últimos días se ha puesto sobre la mesa una solución alternativa a la prórroga inmediata o a la nulidad.

En concreto, esta opción pasaría por sancionar al club por incumplir los plazos de la segunda fase de la ATE (la multa podría ser de hasta 3 millones de euros), según los cuales, el nuevo estadio y el polideportivo de Benicalap ya deberían estar prácticamente terminados.

Al mismo tiempo, se condicionaría una eventual prórroga a los pasos que fuera dando el club en el cumplimiento del nuevo calendario que propuso a la administración y que pasa por iniciar la construcción del polideportivo de Benicalap en 2022, finalizarlo en diciembre de 2023, y retomar las obras del nuevo estadio a mediados de 2024 para culminarlo a mediados de 2026.

Si el club diera pasos reales en estos términos y pusiera en marcha las obras de ambas instalaciones se estudiaría una eventual prórroga para poder dar cobertura legal a la finalización de los diferentes proyectos, habida cuenta de que la globalidad de la ATE está vigente hasta el año 2025 y, por tanto, consideran los técnicos que jurídicamente es prematuro en estos momentos tanto conceder una prórroga como anular el plan, dado que ha habido un incumplimiento parcial de la segunda de las cuatro fases.

La ATE actualmente en vigor establece que el nuevo estadio y el polideportivo debían estar finalizados en mayo de 2021 (segunda fase) y el viejo Mestalla derribado como fecha límite en 2023 (tercera fase), puesto que entre ese año y 2025 deben estar ejecutados los edificios de viviendas en la parcela de la avenida de Aragón (cuarta fase). Las mismas fuentes consideran que, tal y como prevé el convenio, los incumplimientos parciales se pueden solventar con penalizaciones.

Además, creen que no existen en estos momentos suficientes garantías como para conceder una prórroga, pero también piensan que anular la ATE daría argumentos al Valencia CF para recurrir por la vía judicial, lo que alargaría años una posible solución, por no hablar de la situación en la que quedaría la sentencia del Supremo que declara ilegales las gradas del viejo Mestalla, que la Federación de Vecinos ya ha anunciado que estudiará reactivar.

Con todos estos condicionantes sobre la mesa, serán la Conselleria de Economia Sostenible que gestiona Rafael Climent (Compromís) y la de Política Territorial que dirige Arcadi España (PSPV) las que tomen una decisión entre nulidad, prórroga o sanción y mantener la ATE momentáneamente.

Como informó elDiario.es, secretarios autonómicos, directores generales y subsecretarios de vicepresidencia, Economía Sostenible, Política Territorial, Coordinación Institucional y de alcaldía del Ayuntamiento de València, todos ellos de Compromís, se reunieron este jueves para analizar la situación y para coordinarse.

Tras el encuentro, el subsecretario de Economía Sostenible, Natxo Costa, comentó que es la conselleria que gestiona Climent (Compromís) la que tiene la última palabra al respecto, eso sí, previo informe de la Conselleria de Política Territorial, por lo que ambos departamentos están condenados a entenderse.

El subsecretario de Economía Sostenible lamentó que desde Política Terrotorial se realizó un informe hace una semana sobre las penalizaciones que se le pueden aplicar al Valencia CF por el incumplimiento de los plazos y que, pese a que se ha reclamado, desconocen los motivos por los que aún no se les ha remitido.

“Con ese informe en la mano se tomará la decisión definitiva, eso sí, pensando siempre en lo mejor para el Valencia CF y para la ciudad porque entendemos que se debe separar la cuestión de la ATE de la cuestión societaria del club. Es decir, hay que dar una solución al problema de la ATE, no a otros problemas porque no se pueden tomar decisiones pensando en quién es el propietario del club; si se prorroga, se le prorroga al club y si se anula se le anula al club también con todas las consecuncies jurídicas y económicas que ambas decisiones pueden acarrear”, comentó Costa.