El lehendakari pasa de puntillas en el Parlamento por los 377 contratos al grupo Montai: “En ningún caso se puede hablar de ilegalidades”

¿Cómo es posible que una empresa sin trabajadores ni medios sea contratada 25 veces para instalar carpas para el Gobierno vasco? ¿Y por qué el Ejecutivo recomienda a los ayuntamientos que colaboran en una exposición itinerante del Instituto de la Memoria (Gogora) que paguen el alquiler del servicio a esa misma empresa -en una o varias facturas- cuando el trabajo, en verdad, lo realiza una subcontrata? ¿Por qué un grupo de empresas que gestionan eventos son adjudicatarias de servicios de instalación de aire acondicionado o reparación de ordenadores, algo fuera de su objeto social?

Todos los partidos de la oposición (EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos, por este orden) han preguntado en la primera y quizás última sesión de control al Gobierno de Iñigo Urkullu que ha celebrado en 2020 el Parlamento Vasco por las (al menos) 377 adjudicaciones (366 de ellas 'a dedo') al grupo Montai, cuatro firmas del cuadro del PNV de Gipuzkoa Aitor Elorza y en las que trabajan igualmente otros cargos en activo del partido nacionalista. El lehendakari, que no ha querido responder a las dudas concretas planteadas desde la oposición e incluso ha dejado algunos turnos de palabra sin agotar, ha rebajado el asunto a “alguna deficiencia procedimental” y ha dejado claro que “en ningún caso se puede hablar de ilegalidad”. “El Gobierno no perjudica ni beneficia a nadie con contrataciones públicas”, ha apostillado.

El fuego lo ha abierto Josu Estarrona, de EH Bildu. “Es una empresa propiedad de un miembro del PNV, que emplea a miembros y cargos del PNV, que contrata casi en exclusiva con administraciones del PNV. La administración del PNV solicita un informe de legalidad a un miembro y exdirigente del PNV, el miembro del PNV concluye que no hay visos de irregularidad en que una administración del PNV haya contratado una vez a la semana, durante los cinco últimos años, a una empresa propiedad de un miembro del PNV, que emplea a miembros o cargos del PNV. Ése es el resumen. Pero claro, si eso les parece a ustedes normal, pues bueno, ahí igual está el problema”, ha ironizado Estarrona. Ha remarcado que también el Tribunal de Cuentas está presidido por un excargo del PNV. Y ha concluido que en Euskadi hay “demasiados casos para hablar de casos aislados”.´

Urkullu -cuya área de Presidencia es la que más contrata a estas mercantiles, que se encargan de los actos del lehendakari- ha replicado que “cada año la valoración de las instituciones vascas va mejorando” y que “el esfuerzo de transparencia es evidente”. Ha aludido a que sobre este asunto se han empleado “medias verdades” e “informaciones sesgadas” pero no ha explicado por qué en el registro de contratos público al que se ha referido en varias ocasiones en la sesión plenaria no aparecían la mitad de los expedientes de contratación de Presidencia con el grupo Montai, tampoco toda la información relacionada con el Instituto de la Memoria y, desde luego, el conjunto de las contrataciones de organismos como Hazi o ETB.

“En el PP esto se llamó 'caso Gürtel'”

Desde la bancada del PP, Alfonso Alonso ha hablado de una “extraordinaria confusión” entre el Gobierno y el partido y ha recordado que Montai es también la empresa que organiza los actos electorales del PNV. “Se lo digo yo, que pertenezco a un partido que tuvo muchos problemas. Nosotros también teníamos una persona que nos organizaba los actos. Y que le contrataban también en instituciones porque organizaba otros actos. En el caso del PP eso se llamó 'caso Gürtel'. Y yo creo que tiene que prestar atención o lo que ocurre aquí”, ha explicado Alonso en una intervención que ha llamado la atención de los presentes. Ha destacado también que ninguno de los tres consejeros del PSE-EE tenga adjudicaciones con estas empresas (tampoco el área de Hacienda, dirigida por Pedro Azpiazu). Sin dar datos, Urkullu se ha limitado a replicar que en el mandato del PSE-EE Montai también recibía contratos y que el PP apoyó aquel gabinete presidido por Patxi López.

“Ya siento aburrir”, ha arrancado la tercera de las preguntas Cristina Macazaga, de Elkarrekin Podemos, que ha intentado arrancar detalles a Urkullu sobre algunas de las centenares de adjudicaciones a estas empresas del peneuvista Elorza, sin excesivo éxito. Según Macazaga, estas mercantiles “son parte de otra red clientelar” del PNV -“en Euskadi para tener una oportunidad hay que tener un carné- y ”surten cual bazar chino a los departamentos del PNV“ sea con una carpa, con unas tazas, con carnés juveniles, con colchones, con literas, con tarimas, con contrapesos, con moqueta y hasta con reparación de ordenadores y, además, ”a precios estratosféricos“ con ”sobrecoste para el erario público“. ”Montai tiene un buen chollo. No sé en beneficio de quién“, ha concluido Macazaga, que fue quien solicitó al Parlamento el informe que ha revelado las 377 adjudicaciones entre 2014 y 2019, que suman 2,5 millones de euros.

El lehendakari se ha apoyado momento para defender la legalidad de las adjudicaciones a este grupo compuesto por Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak en la auditoría encargada a la Oficina de Control Económico (OCE) y que viene firmada por Javier Losa, que fue miembro de la Ejecutiva alavesa del PNV e incluso consejero de la sociedad instrumental del partido creada para la gestión de las sedes sociales, Batzokia SL. Los portavoces de la oposición han subrayado esta vinculación política del auditor con el partido y el lehendakari no la ha orillado. “Haciendo referencia a la OCE y a esos comentarios que dejan un velo de sospecha, como se ha escrito en los medios de comunicación, en la redacción del informe han intervenido también personal funcionario de Intervención, Auditoría y Contabilidad. Además, [Losa] es funcionario de carrera y titular de un puesto desde hace 30 años. Nunca ha compatibilizado el puesto de director [de la OCE] con ninguna responsabilidad en el PNV”, ha querido zanjar Urkullu.

El PP ha amagado con solicitar una comisión de investigación sobre Montai en el Parlamento, para lo que necesitaría de los apoyos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Además, está programada para el 17 de febrero una comparecencia específica de la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, en torno a las adjudicaciones al grupo dentro del proyecto Plaza de la Memoria. Sin embargo, todo ello quedará condicionado por el calendario electoral que decida el lehendakari. Si su plan es que las autonómicas se celebren el 5 de abril, los de esta semana habrán sido los últimos trabajos del Parlamento en la legislatura.

Más polémica en Hondarribia

Otro de los focos de este caso está residenciado en Hondarribia, donde gobierna el PNV con mayoría absoluta. Allí, la interventora municipal ha emitido decenas de informes de reparo alertando de las adjudicaciones 'a dedo' a Montai y sus firmas relacionadas, que en diez años han llegado a facturar más de 2,3 millones de euros. En esa localidad, el principal grupo de la oposición, Abotsanitz, continúa denunciando el trato de favor que ha tenido Elorza y ha aportado nuevos datos en torno a la adjudicación del montaje del mercado, que generó un ahorro de más de 10.000 euros cuando el Ayuntamiento cambió de proveedora.

Abotsanitz ha presentado documentación que muestra que, cuando Montai vio perdido el contrato del mercado, realizó una contraoferta con la mitad de su precio original. “Dejó claro que cuando fue contratada 'a dedo' por el Gobierno municipal cobró muy por encima del precio del sector. [...] Abotsanitz ha demostrado por primera vez que Montai generó sobrecostes importantes al pueblo y seguirá trabajando para que el Gobierno municipal deje de contratar irregularmente [a estas compañías]”, se puede leer en un contundente comunicado.