La Audiencia rechaza el recurso de la Junta y confirma la imputación de 20 exaltos cargos

La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Junta de Andalucía contra el auto dictado el pasado junio en el que Mercedes Alaya imputaba a 20 cargos y excargos de la Administración autonómica en el caso de los ERE irregulares. Los magistrados apoyan la tesis insinuada por la jueza a finales de julio en el sentido de que el Gobierno andaluz está actuando más como defensa que como acusación particular, que es la que realmente ejerce.

Es claro el auto de la Audiencia en esta cuestión, comentando “la innecesariedad de la actuación” de la Junta que, pese haberse constituido en la causa como parte acusadora, “con la interposición de este recurso -lo que decimos con todos los respetos, pero hemos de afirmarlo- viene materialmente a realizar labores propias de una defensa”. “Buena muestra”, según la Audiencia, es que defiende la legalidad del “uso” de las transferencias de financiación.

También aconseja la Audiencia que sus planteamientos tendrían “encaje más razonable desde un punto de vista procesal en el apoyo al recurso de un imputado, y no en la formulación de un recurso propio contra la decisión del instructor”. Según ejemplifica el auto, “la confusión de planos procesales” también se reflejan en las adhesiones al recurso, formuladas por cuatro imputados (todos exaltos cargos, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector de Trabajo Alberto Rivera, no afectados por el auto apelado).

La Junta alegó la nulidad del auto en cuestión por falta de motivación, cuestión que rechaza la Audiencia señalando que dicha medida es la indefensión de los destinatarios de la resolución judicial impugnada, es decir, las personas expresamente citadas en aquel auto de junio. Por eso no se da tal circunstancia ni en el caso de que ninguna de las personas afectadas recurre el citado auto ni si alguna de ellas lo impugnase (caso de Magdalena Álvarez), ya que su derecho fundamental ya estaría defendido por quien realmente ostenta su titularidad.

La Audiencia añade que “no está en discusión la legitimación de la Junta de Andalucía como acusación particular” si bien “otra cosa es que se dote a sí misma” de 'especial posición de garante del proceso, como argumentaba en su recurso. “No es el caso de la Junta de Andalucía, que no es parte institucional ni necesaria en el proceso penal como lo es el Ministerio Público, sino que interviene como una acusación particular más, que legítimamente podrá defender sus intereses particulares, pero que no puede arrogarse potestades o facultades en el seno del proceso penal que no le corresponden”, insiste la Audiencia.

Además de Magdalena Álvarez, entre los imputados figuran el exviceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Lozano; el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez; los exviceconsejeros de Economía y Hacienda, José Salgueiro; de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez y Gonzalo Suárez, y de Empleo, Justo Mañas, así como al actual director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde, y a sus antecesores en el cargo Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete.