El peso de la concertada en Euskadi muestra las contradicciones educativas dentro del Gobierno y de EH Bildu

“Hay que dar un salto más allá de lo que pueda ser lo público y lo privado”, ha planteado este lunes el consejero de Educación, Jokin Bildarratz (PNV) en una entrevista en Onda Cero. Es su posición una semana después de que se hiciera público un documento con aportaciones para la reforma educativa elaborado por el presidente de la ponencia del Parlamento Vasco que ha trabajado en los últimos meses en las bases de la futura ley autonómica, Gorka Álvarez, también del PNV. El texto no menciona que casi el 50% del alumnado en Euskadi está matriculado en centros de titularidad privada y plantea un “Servicio Vasco de Educación” que aglutine “a los centros sostenidos con recursos públicos, con independencia de su naturaleza jurídica, en la medida en que intervengan de manera activa en el esfuerzo por superar la segregación y la exclusión social”. A la ya conocida oposición de Elkarrekin Podemos-IU -que incluso ha defendido abiertamente retirar conciertos y sustituir por colegios públicos nuevos, se le han sumado en los últimos días las crecientes dudas del PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno de Iñigo Urkullu, y las contradicciones internas que empiezan a aflorar en el entorno de la izquierda abertzale mientras los portavoces oficiales de EH Bildu en la Cámara han dado por buena la propuesta.

El consejero Bildarratz ha puesto como ejemplo del modelo que se persigue la Universidad, con la UPV/EHU como oferta pública conviviendo con Deusto o Mondragon Unibertsitatea. Complementan además la oferta otra pública, la UNED estatal, y una nueva privada en ciernes, la Euneiz recientemente autorizada por el Parlamento y promovida por el dueño del grupo Baskonia-Alavés, Josean Querejeta. No obstante, eso es ya una etapa no obligatoria. El responsable de Educación, en todo caso, ha dicho que se trata de lograr la “complementariedad” entre lo público y lo privado desde la “esencialidad” de contar con un sistema público que, a su entender, siempre va a ser el que llegue a atender determinadas circunstancias básicas.

En datos, Euskadi supera en 16 puntos porcentuales a la segunda comunidad con más alumnados en colegios de titularidad privada, Navarra, y quedan muy lejos los porcentajes de apenas el 15% de zonas como Extremadura. Este peso de la red concertada tiene su origen en que cohabitan la oferta religiosa habitual en otros lugares con cooperativas y con las ikastolas, no muy diferentes en su concepción a los colegios o institutos públicos del modelo D, de inmersión en euskera, pero con una tradición propia. En 1993, coincidiendo con la aprobación de la ley educativa vigente, el entonces consejero socialista dentro de otra coalición con el PNV, Fernando Buesa -que sería asesinado por ETA en 2000-, impulsó la publificación de estas escuelas. Tras tensas asambleas, un 56% aceptó el salto pero un 44% se quedó como centro privado. Aquella norma -cuyo título no era 'Ley de Educación' sino 'Ley de la Escuela Pública Vasca'- supuso “la culminación de un proceso largo y complicado de relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que detentaba la cartera de educación”, según un documento interno del PNV. 'Detentar', según la RAE, es “ejercer un cargo público o tener una dignidad, especialmente de forma ilegítima”.

La “anomalía” que ve el PSE-EE

Ahora esas relaciones “complicadas” han reaparecido. El documento fue entregado en papel el pasado martes a las 9.30 horas por el PNV al PSE-EE como al resto de partidos con representación parlamentaria. Todos ellos ofrecieron ruedas de prensa con urgencia, aunque todos ellos sin excepción afirmaron no haber leído en detalle la propuesta de Gorka Álvarez. En el caso de los socialistas, su portavoz en la ponencia, José Antonio Pastor, puso en valor el documento e incluso destacó las referencias que en él se hacían al papel esencial de la escuela pública. Sin embargo, ahora el secretario de Educación de la ejecutiva del PSE-EE, Alfredo Retortillo, afirma que en ese texto hay una “desaparición de la escuela pública, a la que sólo se menciona una vez”. “No se distingue la pública de la concertada” y “falta un diagnóstico” de la “anomalía” que supone en Europa que el 50% del alumnado no estudie en centros del Estado, ha detallado en Radio Euskadi Retortillo, que fue consejero en el Gobierno de Iñigo Urkullu en los primeros años de la pasada legislatura.

El propio secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, se ha apresurado a recalcar este fin de semana que no existe ningún tipo de acuerdo con el PNV en materia educativa ahora mismo. Y este lunes se ha alineado con peticiones de grupos de la oposición como Elkarrekin Podemos-IU para que se alarguen los plazos para estudiar el documento de bases de la ponencia y poder disponer de más margen para hacer aportaciones. Las “prisas son malas consejeras”, ha avisado al PNV. Éste es el choque más importante en la coalición que dirige el Gobierno autonómico -y también las tres diputaciones y las tres capitales- desde que Andueza fue elegido secretario general en noviembre. Esta fórmula se retomó en 2016 y, desde entonces, salvo por la gestión de la pandemia o por discrepancias más o menos pactadas en materias identitarias o de gestión del final de ETA, las voces discrepantes han sido mínimas. Un ejemplo: el PSE-EE cerró filas con el PNV cuando se sucedían las denuncias de las irregularidades de las oposiciones de Osakidetza e incluso después de la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, y de buena parte de su equipo. Por el contrario, esta crisis llega unos días después de que el PNV no apoyara en las Cortes Generales la propuesta para la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para Retortillo, el debate educativo es “nuclear”. “Que el PNV y el PSE-EE mantengan acuerdos en muchas materias en distintas niveles y que esos acuerdos hayan dado estabilidad no significa que debamos aceptar todos los elementos. Las coaliciones deben partir del consenso”, ha insistido Retortillo, que en materia de Educación ha pedido “un punto de partida sólido” dentro del Gobierno antes de explorar alianzas con la oposición. “Las diferencias no son menores. Son de calado. Aunque no ponen en cuestión la labor del Gobierno en su conjunto”, ha apostillado.

El Gobierno de Urkullu tiene prometida esta reforma del marco de 1993 desde 2015 (en su primera legislatura y gobernando en solitario). En la segunda legislatura, ya con el PSE-EE, estaba prevista para el tercer cuatrimestre de 2019, según el programa legislativo de 2016. Antes, gobernaron los socialistas y con Isabel Celaá como consejera -luego fue ministra- se planteó un nuevo marco que superase los modelos A, B y D por un único marco trilingüe. Ahora ese tema vuelve a primera línea, aunque con el matiz de que la apuesta es por un modelo “plurilingüe” con el euskera como eje, cosa que a los socialistas les parece “correcta”. La intención verbalizada por Urkullu es presentar el proyecto de ley en 2022, aunque antes se diseñó una ponencia parlamentaria para recoger voces de expertos, que han sido un centenar. En realidad, la ponencia ha invertido el proceso legislativo ordinario. Habitualmente, el Ejecutivo desarrolla todo el proceso de cocina interna y presenta un proyecto de ley, que se envía a la Cámara. Allí se crea una ponencia legislativa en la que participan expertos y agentes implicados y luego se cierra la negociación política con la oposición, si se dan las circunstancias.

Así las cosas, en este momento el Ejecutivo se encuentra dividido en torno a una ley que no existe, aunque Bildarratz ha considerado que este debate son “politiquerías”. “Si todos tenemos voluntad en algo tan importante, hay que dejar esas -entre comillas- politiquerías. Si centramos el debate, el sistema de educación va a salir tremendamente fortalecido y esto va a ser muy importante para nuestro país”, ha enfatizado. Fuentes del ala del PNV en el gabinete de Urkullu se limitan a reseñar que “esto no debe afectar a la salud de la coalición”. “Es un buen punto de partida que deberemos saber aprovechar bien para afianzar y asegurar en el tiempo el sistema educativo vasco. Se nos presentarán dificultades que trataremos de limar, y aquellas que se nos resistan las aparcaremos. Porque queremos sumar y no restar. Queremos unión y no confrontación. Queremos que la próxima ley que aprobemos sea tan estable como lo ha sido la anterior de 1993”, escribió en una tribuna en este periódico la portavoz educativa 'jeltzale', Leixuri Arrizabalaga.

Quien también vio rápidamente “adecuado” el documento de bases para la reforma educativa fue EH Bildu. Es más, a las 48 horas, la coalición votó con los partidos del Gobierno un documento para prorrogar -con condiciones- los conciertos educativos a centros privados durante seis años. El debate sobre la escuela pública también está mostrando las costuras de la izquierda abertzale, en cuyo seno algunas fuentes admiten “contradicciones” con el estatus de las ikastolas. En un comunicado, el sindicato LAB ha pedido, por ejemplo, “pasos más profundos en la configuración de una escuela pública comunitaria, euskaldun, inclusiva, laica y feminista” y pide acabar con el sistema de “concertación universal”.

“Se concierta sin responder a las necesidades de un mapa escolar”

La organización Steilas, mayoritaria en la escuela pública, también es muy crítica con la propuesta. “Responde a los intereses de la patronal de la red concertada más que a los intereses de las escuelas públicas”, sentencia Ainhoa Astigarraga, una de sus portavoces. La central reclama “un planteamiento que acabe con el sistema dual”. “Está demostrado que el sistema dual que tenemos es claramente segregador. Una de las mejores maneras para lograr la equidad es acabar con la concertación universal. Nuestro sistema educativo se ha ido estructurando con decisiones políticas que han ido más a garantizar la libertad de elección de las familias y la concertación universal. Cualquier centro, si cumple unas características, puede aspirar a la concertación. Es indiferente si se necesita o no, ya que se hace sin responder a las necesidades de un mapa escolar”, explica Astigaraga.

Euskadi, de hecho, financia con recursos públicos media docena de colegios del Opus Dei que segregan por sexos o incluso centros como el Geroa Waldorf de las afueras de Vitoria que denunció ante la Fiscalía por ser negacionista de la pandemia. En 2016, en Vitoria, había 19 colegios con porcentajes superiores al 30% de estudiantes extranjeros y únicamente uno era de titularidad privada. La ikastola más conocida de la ciudad, no tenía ni una sola persona nacida fuera. El establecimiento de cuotas más o menos evidentes ha ejercido como barrera, aunque estén prohibidas por ley ya que la concertada, en pura teoría, en un servicio subsidiario para atender la demanda que no cubre la pública.

“Tenemos un sistema muy desequilibrado -entiende Astigarraga- y ahora se hace retórica para hacer equilibrios y difuminar la línea que existe entre lo público y lo privado. Y lo público y lo privado no se puede igualar. Lo público es de todos y lo privado es sólo para algunas personas. Tememos que sea un juego para perpetuar el sistema dual. Y aquí la red de ikastolas juega el mismo papel que los colegios católicos. La propuesta recoge sus aspiraciones de financiación sin apenas pasar auditorías y a cambio de unos compromisos que hoy por hoy ya deberían estar cumpliendo”. De hecho, una de las propuestas que más se destacó del borrador de la ponencia era que iba a impedir las cuotas educativas en la concertada.

Koldo Tellitu, presidente de Ikastolen Elkartea, cree como Bildarratz que toca “superar la dicotomía estéril de lo público y de lo privado”, según expuso en Euskadi Irratia. “Todos tenemos que tener los mismos derechos y obligaciones”, indicó. Según sus datos, estos centros cubren entre el 65% y el 70% de su presupuesto con la financiación pública y confía en que la gratuidad efectiva que se plantea acarree más recursos. También Kristau Eskola, que aglutina a la mayoría de colegios católicos, ve con buenos ojos algunas de las propuestas.

En el plano más político, voces internas del partido Alternatiba, escisión de IU en su día y ahora integrada en EH Bildu como Sortu y EA, han lamentado también que no haya más énfasis en la defensa de lo público en la propuesta educativa de la coalición. Fuentes de esta formación liderada por Oskar Matute admiten que, como mucho, hay “algunas diferencias” pero se están dando muchos debates internos tanto en el partido como en la coalición para lograr los consensos más amplios. “Con nuestros matices y con alguna cuestión en la que poner más el acento, sí, pero estamos bastante alineados”, insisten estas fuentes de Alternatiba, que asegura que actuará con “lealtad absoluta” dentro de EH Bildu en este proceso.

En este contexto, el portavoz educativo de la formación en el Parlamento, Ikoitz Arrese, lanzó desde la tribuna un mensaje a este respecto:  “Se habla mucho de EH Bildu con ánimo de manipulación. Lo que EH Bildu no dice no lo dice EH Bildu y lo que dice EH Bildu lo dice EH Bildu. Más claramente, en EH Bildu no compartimos la concertación universal ni de dar un cheque en blanco a la concertada. Hay centros que niegan a algún tipo de alumnado la matrícula, que segregan por sexos, o que no euskaldunizan. La nueva realidad pasa porque la pública sea el eje vertebrador del sistema educativo”.

Elkarrekin Podemos-IU, ya antes de que se presentara este borrador, hizo público un documento propio con su posición: “La lógica de la planificación educativa debe llevar a no concertar ningún aula nueva en las zonas en las que existan plazas públicas suficientes para atender a la demanda [...] [Hay que] Limitar la educación privada-concertada, partiendo por no abrir nuevas líneas privadas-concertadas mientras haya oferta pública suficiente y no concertar en etapas no obligatorias [...]. La realidad del sistema educativo vasco es dicotómica pero no podemos seguir perpetuando dicho modelo 'in aeternum' y nuestra apuesta sigue siendo el desarrollo progresivo de una red pública integral. Es por ello que proponemos desarrollar una normativa consensuada que posibilite la publificación de los centros que así lo deseen. Se consensuará entre los centros que manifiesten su intención de publificarse, el Departamento [de Educación] y los sindicatos los procedimientos necesarios y las condiciones para asumir a los trabajadores y trabajadoras de dichos centros”. La coalición ya ha pedido formalmente a la Mesa del Parlamento más plazo para la negociación de la reforma legislativa.

En medio de este debate, PP+Cs ha surgido como una voz alternativa que considera que la perjudicada en este debate es la concertada. “Se posicionan en contra de 180.000 alumnos y familias y de 400 centros educativos, que han demostrado un enorme compromiso con la calidad de la educación en Euskadi”. Según esta coalición -cuya pata educativa la lidera Ciudadanos-, la privada tiene “calidad por encima de la media”. “La educación concertada es también pública y está infrafinanciada”, es su tesis.