PP y Vox destinan un millón de euros a “luchar contra la okupación” sin saber el número de viviendas afectadas en Balears
Los presupuestos de Balears aprobados esta semana con los votos de PP y Vox han destinado 1 millón de euros para la creación de la Oficina de Defensa para las Víctimas de la Ocupación Ilegal de Vivienda, que establecerá ayudas para las mismas, a pesar de que ninguno de los dos partidos tenga datos sobre la okupación ilegal en el archipiélago, tal y como han reconocido en conversaciones con elDiario.es.
Con la medida, el partido de Marga Prohens, que gobierna en Balears desde las pasadas elecciones de mayo, ha sucumbido finalmente a los deseos de la extrema derecha, que gobierna en la sombra, convirtiéndose en su rehén para no perder el poder en las Islas. La medida es el resultado del acuerdo previo a la investidura entre los dos partidos por el que Vox condicionó su apoyo a los presupuestos de la comunidad si el PP cumplía con 110 medidas en diferentes ámbitos, entre las que se encuentran también la segregación lingüística en las aulas o el fin de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, eso sí, estas últimas sin incluir las destinadas a los partidos políticos. Asimismo, la creación de esta oficina es totalmente opuesta a la postura de la formación que preside en Balears la ibicenca Patricia de las Heras, en contra de la creación de “chiringuitos”, razón aducida, por ejemplo, para el cierre de la Oficina Anticorrupción de Balears.
Fuentes de la Conselleria de Vivienda del Govern balear aún no conocen los detalles sobre esta oficina, según aseguran a este medio. “Se está trabajando en ello”, han afirmado a elDiario.es. La realidad es que este millón de euros que el Gobierno de los populares destinará a esta oficina estará destinado a un problema que, según los datos del informe del tercer trimestre de 2023 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha reducido su impacto en los tribunales de Balears en casi un 40%, admitiendo a trámite 373 casos.
Los datos del Ministerio del Interior, que se elaboran sobre las denuncias interpuestas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las okupaciones ilegales de viviendas y no por los procesos judiciales abiertos, también corroboran que en 2022 descendían por primera vez en el archipiélago las denuncias contra “okupas” en un 20%. En concreto, fueron 405 respecto a las 509 de todo el 2021, superando con creces a la tendencia a la baja en todo el territorio español, que lo hizo en un 3%. Las mismas fuentes ministeriales aseguran que en los cuatro primeros meses de 2023 en toda España las denuncias por okupación ante la policía fueron un 11,8 % menos, respecto al mismo periodo de 2022. Es decir, un total de 5.266 viviendas fueron okupadas frente a las 5.974 del mismo periodo del año anterior.
Según el Ministerio del Interior, en 2022 descendían por primera vez en el archipiélago las denuncias contra “okupas” en un 20%
En este sentido, el Sindicato de Inquilinas de Eivissa y Formentera asegura que los datos no justifican en ningún caso el “despilfarro de 1 millón de euros, que se podría emplear directamente en forma de ayudas u otro tipo de servicios a las personas inquilinas, ya que son ellas los que están sufriendo la crisis de vivienda en Balears, los altos precios y quienes realmente viven con miedo a perder su vivienda”.
La entidad asegura a elDiario.es que “las instituciones deberían recomendar que la propiedad contrate el servicio de un abogado para solucionar este problema”. “Son los juzgados los que deben resolver estos asuntos y las indemnizaciones correspondientes y no una oficina sin sentido que, además, pretende indemnizar a los propietarios con dinero de todas las contribuyentes; más si tenemos en cuenta el precio de los alquileres en las Balears y, en concreto en Eivissa, que reportan a estas personas grandes ingresos”, añaden.
Santa Eulària replicará la Oficina “Antiokupas”
En esta “lucha contra la okupación” el municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu ha aprobado en su pleno de diciembre la creación de una “sucursal” de la Oficina “Antiokupación” balear, con los votos a favor del PP, que respalda una moción de la extrema derecha, ante la estupefacción de la oposición del PSOE y Unidas Podemos, que se ha opuesto frontalmente. Además, al mismo tiempo prohíbe la reconversión de locales comerciales en vivienda y el aumento de altura en edificios de varias zonas del municipio, medidas incluidas en el Decreto de Vivienda aprobado por el Govern balear para dar solución al grave problema del alquiler en Eivissa y el resto del archipiélago, y que incluye también la entrada de la empresa privada en la construcción de vivienda pública.
El regidor socialista Ramón Roca ha afeado a Vox que esta sea la primera moción que presentan en el Ayuntamiento después de 7 meses de las elecciones municipales “y que precisamente sea la creación de un chiringuito”. “Crear miedo a la okupación es algo que no corresponde a la realidad”, ha aseverado. En el mismo sentido se pronunciaba el regidor de Unidas Podemos Álvaro de la Fuente, que ha acusado al PP de ser “la derecha de la ultraderecha” y ha denominado como “farsa” la creación de esta nueva oficina. De la Fuente ha explicado a elDiario.es que tanto el PP como Vox “cuentan como okupación los impagos de los alquileres”. “Son familias trabajadoras que en estos momentos tanto PP como Vox están criminalizando”, añade.
Por su parte, Toni Ramón, del PP, ha asegurado en el pleno que la población está perturbada por la okupación de viviendas y que la ley es totalmente ineficaz para solucionar este “problema”. Ramón ha explicado que por este motivo los propietarios tienen que recurrir a empresas privadas para recuperar sus viviendas, “porque se enfrentan a okupas bien formados y organizaciones y mafias”. El Ayuntamiento de Santa Eulària ha reconocido a elDiario.es que el Consistorio no dispone de ningún estudio ni ningún dato referente a la okupación de vivienda en la localidad.
En el municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu, PP y Vox han creado una "sucursal" de la Oficina "Antiokupación" balear sin disponer el Consistorio de ningún estudio ni ningún dato referente a la okupación de vivienda en la localidad
Por otro lado, desde el Sindicato de Inquilinas afirman que en el municipio, y en general en la isla de Eivissa, no existe ningún problema de okupación de viviendas. “Recibimos decenas de casos de gente desesperada y la okupación es algo que ni se plantean. Todo el mundo sabe que entrar en una vivienda vacía es entrar en un conflicto 2 o 3 meses después”, especifican. “La okupación es algo anecdótico en la isla, que se da en contados edificios históricamente abandonados u obras que quedaron incompletas en la pasada crisis del ladrillo, sin las mínimas condiciones de habitabilidad. De hecho, el único caso reseñable que ha puesto el partido como ejemplo es un conflicto con un hotel abandonado que se resolvió hace dos años, dicho sea de paso con la colaboración de Desokupa, que actuó como si de autoridad legal se tratara”, puntualizan.
La okupación es algo anecdótico en la isla, que se da en contados edificios históricamente abandonados u obras que quedaron incompletas en la pasada crisis del ladrillo, sin las mínimas condiciones de habitabilidad
“Las viviendas que, según Vox, quedan vacías en invierno, son edificios o viviendas que se utilizan para alquiler turístico ilegal o legal o para alquilarlos a trabajadores en temporada. Por tanto, este partido, en la práctica, pondrá recursos económicos y humanos para defender a empresarios que están haciendo un uso antisocial de la vivienda, extendiendo y agravando la grave crisis de vivienda que padece la isla”, explican desde el Sindicato de Inquilinas de Eivissa y Formentera.
Datos y marco legal
Para el análisis de los datos de okupación ilegal hay que distinguir entre las denuncias ante la policía y los procesos judiciales cuyo número es inferior, ya que no todas las denuncias interpuestas llegan a trasladarse a los juzgados. Hay que tener en cuenta, además, la diferencia que existe en la ley entre usurpación y allanamiento, cuestiones que se dirimen en los juzgados y que arrojan los datos del CGPJ, y los aportados por el Ministerio del Interior, que no distingue entre estos dos tipos. En concreto, en el archipiélago balear se han producido 152 casos de okupación ilegal entre enero y abril de 2023 y la incidencia penal, aunque se ha agravado con respecto al año anterior con 136 casos, es menor.
En el archipiélago balear se han producido 152 casos de okupación ilegal entre enero y abril de 2023 y la incidencia penal, aunque se ha agravado con respecto al año anterior con 136 casos, es menor
Por otro lado, la okupación ilegal de una propiedad está contemplada en el Código Penal en varios apartados y distingue entre usurpación y allanamiento. En concreto, el delito de usurpación está tipificado en el artículo 245 del Código Penal y el de allanamiento de morada está contemplado en su artículo 202. La principal diferencia entre ambos delitos es que en el caso de la usurpación se protege la propiedad privada, mientras que, en el allanamiento de morada, el bien jurídico protegido es la inviolabilidad del domicilio. Mientras que el delito del allanamiento de morada se requiere que la vivienda okupada esté habitada en ese momento, en el caso de la usurpación, el inmueble se ha de encontrar deshabitado, por ejemplo los edificios de bancos o fondos buitre vacíos.
Asimismo, las penas impuestas en ambos delitos son diferentes. El delito de allanamiento de morada contempla una pena de prisión de 6 meses a 2 años si se lleva a cabo sin violencia o intimidación, y de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses en caso contrario. En cambio, la usurpación conlleva penas de prisión de 1 a 2 años en el caso de la usurpación con violencia o intimidación, y multas de 3 a 6 meses en el resto de supuestos que contempla el Código Penal.
En cuanto al allanamiento de morada, si la persona que habita el inmueble, ya sea propietaria o inquilina, denuncia los hechos en las 48 horas posteriores a la entrada ilegal en la vivienda, la policía podrá expulsar de inmediato a las personas okupantes sin necesidad de orden judicial expresa, al considerarse un delito flagrante. En el resto de los casos la desokupación de la vivienda se demoraría, según datos del CGPJ, hasta alrededor de 20 meses de media.
Por otro lado, la nueva Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno estatal justo antes de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo, permite alargar esos plazos para el desahucio de los “okupas” en el caso de que se pueda demostrar que se trata de alguien vulnerable social o económicamente, conforme a unos parámetros concretos.
Para que los propietarios puedan iniciar el desahucio, la nueva normativa contempla dos requisitos. Por una parte, para presentar una demanda, la propiedad necesita acreditar si el inmueble es vivienda habitual o no del okupante y además si es un gran tenedor, es decir, si tiene a su nombre 10 inmuebles o más. El objetivo, según se detalla en la Ley, es facilitar que se llegue a un acuerdo entre ambas partes antes del desahucio. Si no hubiese conciliación, se procederá al desalojo a la vez que se tratará de encontrar una solución habitacional para los okupantes vulnerables. En el caso de Balears, la alta presión del mercado de vivienda hace que la búsqueda de vivienda para estas personas sea muy complicada.
Asimismo, el fiscal jefe de las Islas daba las siguientes instrucciones a las Fuerzas de Seguridad del Estado en 2019: “Para el caso de que una vivienda constituya el domicilio de una o varias personas físicas y fuera okupada contra la voluntad de su morador al recibir una denuncia por cualquier vía, se deberá proceder directamente y de forma inmediata al desalojo de los okupantes y su detención. Ante estas medidas, el cuerpo que realice la actuación tiene potestad para realizar el desalojo, convirtiendo las denuncias en la vía preferente, pudiendo acordarse de forma cautelar por el juzgado de guardia, agilizando el proceso”.
En lo que se refiere a los datos de todo el país, en 2022 se registraron 17.000 denuncias por okupaciones ilegales, es decir el 0,06% del total del parque inmobiliario de 26 millones de viviendas. De este porcentaje, sólo un 5% son allanamiento de morada. El 95% se registró en casas, edificios o locales desokupados, según los datos oficiales.
Vivienda vacía
Desde el Sindicato de Inquilinas pitiuso insisten en que el problema de la okupación ilegal de vivienda en Balears no tiene ninguna base. “Lo que sí es muy preocupante es la gran cantidad de vivienda vacía que tenemos en el archipiélago”, añaden. Y es que, a pesar de la situación de emergencia habitacional declarada por el Govern, el Instituto Nacional de Estadística (INE) certifica que en el archipiélago hay 105.434 viviendas vacías. El número de viviendas vacías ha crecido un 48% en 10 años, cuando había en las Islas 71.255 pisos vacíos. En este periodo el parque de vivienda se ha incrementado en sólo un 11%, mientras la población de las Islas ha aumentado en 200.000 habitantes.
Para atajar esta situación, el Govern de Marga Prohens, a instancias de Vox, ha establecido una desgravación del 30% de los ingresos de los propietarios que alquilen sus viviendas hasta un máximo de 3.600 euros. Según datos del INE, Santa Eulària des Riu, que solicita la implantación de una sucursal en Eivissa de la Oficina Antiocupación, es la sexta población de todo el Estado con más vivienda vacía, con 6.085 de las 22.810 con las que cuenta.
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