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“Indignación” del Consejo Andaluz de Participación de Mujeres por cuestionarse la ley de violencia de género
La comisión permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), que representa a 270.000 mujeres de 2.277 asociaciones y federaciones de mujeres de Andalucía, ha mostrado este miércoles su preocupación e “indignación” por el cuestionamiento “permanente” de la aplicación de la Ley estatal de Violencia de Género, así como de todo el reglamento internacional en la materia.
De este modo, el CAPM ha advertido en una nota de la dimensión y el tratamiento mediático del caso Juana Rivas, “que ha dado espacio público a los detractores de una ley estatal consolidada como es la de Violencia de Género, así como de Convenio Europeo de Estambul y de todas las recomendaciones internacionales en materia de violencia machista”.
En este sentido, ha añadido que “ahora que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género contempla reformar la normativa estatal para adaptarnos a las indicaciones europeas y proteger a los hijos de víctimas, que son víctimas directas, algunas voces utilizan el espacio mediático para arremeter contra el ordenamiento jurídico y contra una realidad internacionalmente reconocida: la violencia machista”.
La comisión permanente del CAPM, reunida este miércoles, ha trasladado también su apoyo a las técnicas de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), especialmente cuestionadas durante estos días por el caso de Juana Rivas.
“El tejido asociativo valora de manera muy positiva el trabajo de estas profesionales, que acercan los recursos públicos a las mujeres de las zonas rurales, y atienden de manera especializada, legítima y muy profesional a víctimas de violencia de género que piden ayuda”, ha explicado el CAPM, que ha expresado su preocupación por la investigación de las técnicas de CMIM de Maracena (Granada), una decisión judicial que “puede coartar a las profesionales de los CMIM en su obligación profesional de apoyar y asesorar a las víctimas de violencia de género”.
Los abogados que representan a la expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri, han denunciado en Italia la ley de violencia de género española por entender que “vulnera sus derechos” y que está siendo utilizada por el entorno de esta madre de Maracena para “justificar la comisión de otros delitos, como el secuestro”, así como para “desobedecer” a la Justicia.
