El Gobierno insiste en que no hay caso tras el cártel de las consultoras: “No estamos dando ninguna cobertura a las empresas”

En el cártel de las consultoras, una trama destapada en mayo por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en la que se descubrió que un grupo de empresas manipularon dos centenares de licitaciones de contratos públicos en toda España, con especial incidencia en Euskadi, la palabra clave es “cobertura”. Cuando se iniciaba desde la Administración una contratación por el procedimiento conocido como 'negociado', se invitaba a tres consultoras y la que estaba predefinida como adjudicataria pactaba con las otras dos una oferta de “cobertura”, esto es, manifiestamente falsa. De ese modo, la elegida ganaba el concurso y con un precio más alto que el que habría sacado si hubiese habido concurrencia. Casualidad o no, en una comparecencia forzada por la oposición en el Parlamento Vasco, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha enfatizado justo al finalizar su intervención que en la parte de esta investigación que afecta a adjudicaciones de la Administración autonómica no hay responsabilidad del Gobierno y ha sido tajante usando para ello la palabra clave: “No estamos dando ninguna cobertura a las empresas”.

EH Bildu, PP+Cs y Elkarrekin Podemos-IU han coincidido este lunes en señalar la posible responsabilidad de la Administración -algo que se desliza del dictamen de la CNMC y que afirman las propias empresas implicadas- y en proponer que no se vuelva a contratar con estas empresas. Se ha escuchado incluso que el Ejecutivo tiene que dejar de ser el “abogado defensor” de este grupo. La principal entre las sancionadas por la CNMC es Deloitte, con 3,99 millones de euros de multa. Las otras empresas vascas condenadas son BMASI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Factor Ideas Integral Services, Gestiona XXI Consulting, IDOM, Innovisions 21, Uliker (PKF Attest) o 97 S&F. Han sido sancionadas igualmente otras grandes como Price Waterhouse Coopers (PWC) o Everis.

Es la enésima intentona de la oposición para denunciar la relevancia del caso y, como las anteriores, se ha saldado con el Ejecutivo resaltando que es un caso que afecta a las empresas y no a quienes les adjudicaban los contratos y con la representante del PNV, Itxaso Berrojalbiz, destacando que Euskadi lidera las estadísticas de transparencia. Azpiazu, de hecho, se ha mostrado molesto por la petición de acudir a la Cámara. “No entiendo el motivo de mi comparecencia”, ha dicho sobre una sesión que ha calificado de “extravagante” y de “pretexto” de la oposición para “menoscabar” al Gobierno. Y ha sido claro: no es necesario “investigar lo investigado”. También ha deslizado que formaciones como Podemos, allá donde gobiernan, contratan con las mismas consultoras.

Desde los partidos, EH Bildu ha censurado que el Gobierno vasco pretenda “nivelar” lo ocurrido en Euskadi con otros lugares enumerando todas las comunidades autónomas en las que ha operado el cártel de las consultoras, ya que 85 de los 101 expedientes de la denominada “zona norte” son relativos a instituciones públicas y organismos autonómicos, forales o municipales vascos. Josu Estarrona ha sugerido también las “afiliaciones políticas” vinculadas al PNV de algunos de los empresarios implicados. Luis Gordillo (PP+Cs) ha manifestado su incredulidad por el “instinto protector” del Ejecutivo hacia las empresas y David Soto (Elkarrekin Podemos-IU) ha propuesto como primer paso no ofrecer contratos directos a estas compañías aunque legalmente con una sentencia que no es firme no se puede prohibirles participar en concursos y que los ganen.