El Gobierno de Ayuso obliga a Almeida a rehacer la recalificación para El Corte Inglés por contener “deficiencias”

La recalificación que el Ayuntamiento de Madrid va a conceder a El Corte Inglés ha vuelto a la casilla de salida. Ocho meses después de su aprobación inicial en el pleno municipal, el mismo proyecto urbanístico retorna a Cibeles después de que la Comunidad de Madrid lo haya rechazado por presentar “carencias y deficiencias” que hacían imposible llevarlo adelante.

Los grupos de la oposición se enteraron del error municipal hace unos días, cuando apareció en la lista de asuntos que se iban a tratar en la comisión de Urbanismo del pasado lunes. Este departamento, que cuando se aprobó el primer proyecto dirigía Mariano Fuentes y que ahora preside Borja Carabante, llevaba a votación de nuevo el plan Nuevo Sur Méndez Álvaro. En esencia, el proyecto conlleva una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para recalificar los terrenos que ocupa el Hipercor de la zona.

El cambio beneficiará notablemente a El Corte Inglés, que obtendrá una parcela más pequeña que la actual (3.311,29 m2) pero con mucha más edificabilidad (51.776,54 m2 frente a los 34.500 m2 del Hipercor), que podrá repartir en una o dos torres de oficinas de hasta 27 alturas, según el proyecto municipal que salió a información pública hace más de un año y que adelantó Somos Madrid. El Ayuntamiento de Madrid también obtendrá nuevos terrenos para una zona verde, debajo de la cual planea construir un equipamiento subterráneo y un parking.

Las pegas que plantea la Comunidad de Madrid al proyecto tienen que ver con las “carencias y deficiencias” detectadas en el expediente “en gran parte derivadas de la falta de adaptación a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid” y otras normativas regionales. Por ello, obliga a “justificar, modificar, subsanar y/o completar el documento”, explica el Gobierno de Ayuso en su respuesta al Ejecutivo de Almeida.

Además, la Comunidad de Madrid también reclama una ampliación de “la motivación justificativa de los cambios que se introducen y de los criterios que han fundamentado la decisión adoptada”, para que quede probado que se han estudiado diferentes alternativas. Lo que reclama la administración autonómica es que se demuestre que la recalificación final es “la solución más acorde con la satisfacción de los intereses generales”.

Los textos de respuesta del Gobierno regional han sido hechos públicos por Antonio Giraldo, concejal del PSOE especializado en urbanismo, que esta semana publicó un extenso hilo en X comentando este planeamiento.

Debido a la devolución del expediente al Ayuntamiento, este debe ahora aprobarlo provisionalmente de nuevo en pleno el próximo lunes y esperar a que la Comunidad de Madrid dé luz verde a sus argumentos, para que el proceso no tenga que empezar de nuevo.

El camino judicial para El Corte Inglés

La operación urbanística llega a consecuencia de un litigio judicial entre la cadena de grandes almacenes y un particular, que acabó la pasada primavera con una mediación intrajudicial con la que El Corte Inglés lograba paralizar estos derribos a cambio del plan previsto para Méndez Álvaro. El que ahora está pendiente de la Comunidad de Madrid y de una regularización de su centro comercial en Campo de las Naciones, que fue construido con mayor edificabilidad de la permitida. También abonará 350.000 euros al litigante.

A falta de conocer cómo se producirá esta regularización en Campo de las Naciones, que el consistorio aún no ha aprobado en Junta de Gobierno, El Corte Inglés logrará beneficios extra por la operación de Méndez Álvaro, si el Ayuntamiento la consigue sacar adelante: solo la recalificación le reportará 29 millones de euros debido al incremento de valor de sus terrenos y siempre acorde con las cifras publicadas en la memoria económica del proyecto, elaborada por el área municipal de Urbanismo.

Pero si finalmente acaba construyendo las torres de oficinas, que contarán con un aparcamiento para 519 plazas bajo rasante, podría obtener un beneficio adicional directo de 47,5 millones de euros si las vendiera nada más ser construidas, según los mismos datos económicos. Todas estas cifras están sujetas a que el Gobierno de Ayuso dé su visto bueno a la operación en los próximos cuatro meses.