La guerra entre PP y Vox enturbia el futuro del Mar Menor: “Sería un suicidio político derogar la Ley de la laguna”

Hace dos años desde que el Mar Menor escupió por segunda vez una riada de peces muertos a sus costas. Los nitratos procedentes de la agricultura intensiva ahogaron la laguna salada, que durante más de diez días vertió miles de ejemplares que sucumbieron ante la falta de oxígeno. Ahora, la situación de este enclave en la Región de Murcia es de incertidumbre absoluta. Tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo no solo pende de un hilo la formación del Gobierno Regional, también queda en el aire la supervivencia de la Ley del Mar Menor. El Partido Popular en la Comunidad Autónoma necesita dos escaños de Vox para formar gobierno, pero el partido de Abascal exigió dos consejerías, la vicepresidencia y la derogación o reforma de esta ley medioambiental de protección a la albufera.

Durante la fracasada sesión de investidura del 10 de julio en la Asamblea Regional el líder del partido de extrema derecha en Murcia, Jose Ángel Antelo, presentó un documento al candidato popular y presidente en funciones de la Región, Fernando López Miras, pidiendo “derogar/modificar/reformar la ley de recuperación del Mar Menor”, así como “el aumento de superficie de regadío”.

“Confiamos en que la Ley del Mar Menor no se va a derogar, sería un suicidio político para López Miras”, apunta el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Pedro García. “Los representantes políticos son conscientes de que el Mar Menor es una de las principales preocupaciones de la opinión pública, una cosa es que el Gobierno Regional no esté cumpliendo su propia normativa, pero al menos le conviene mantener la apariencia de que hacen algo por la laguna”, observa García.

En la actualidad, es difícil conocer la situación actual de la laguna: “La gente ve que la orilla está transparente, pero a partir de los dos o tres metros la situación no es tan bonita. En los fondos profundos es donde está la verdadera tragedia”, lamenta el portavoz y coordinador regional de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo. El portavoz del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, Emilio María Dolores, explica que “los niveles de turbidez que registra [el Mar Menor] el 17 de agosto se sitúan como media en 1,09 unidades, un valor muy bajo, que junto a los niveles muy bajos de clorofila, 0,5 μg/l, se manifiestan en elevados niveles de transparencia en la mayor parte de toda la laguna, con la excepción de la zona de influencia de la rambla del Albujón que presenta niveles notablemente inferiores y de transparencia”.

Dolores identifica a la Rambla del Albujón como el “principal problema” del Mar Menor, con unas entradas de agua en lo que va de año 2023 que superan los 3,4 hectómetros cúbicos, y que han llevado al Mar Menor más de 470 toneladas de nitratos y 1,23 de fósforo, con un caudal medio durante este seco año 2023 de 172 litros por segundo: “Más que muchos ríos de España”. 

Pese a esto y contrario a las asociaciones ecologistas, el portavoz del Comité celebra que la laguna “está aguantado bien las altas temperaturas del verano gracias a las medidas que se están aplicando desde el Gobierno regional para ayudar a su protección”.

El director de ANSE denuncia que no se están acatando el grueso de los puntos de la Ley del Mar Menor: “No se han puesto en marcha los planes relacionados con el control del uso de fertilizantes, tampoco el Plan de Acción Pesquera del Mar Menor”, enumera el experto. “Debemos tener en cuenta que el 70 por ciento de esa ley hace referencia a normas sectoriales que están en vigor y tampoco se están cumpliendo”, apunta Luengo.

También ha habido problemas con los organismos que debían vigilar el estado de la laguna: “Los dos Comités de Participación contemplados por la Ley del Mar Menor no se han puesto en marcha, el Comité Social y el Científico”. La Comunidad dispone de un comité de expertos, pero según García, está compuesto por personas cercanas a la Administración o de confianza del Gobierno Regional. Entre 2018 2019 un total de ocho investigadores abandonaron el Comité Científico del Mar Menor denunciando “falta de independencia” y “manipulación”:  “El orden del día de asuntos por tratar lo marcaba el Gobierno regional y la independencia es muy difícil si la Consejería del Ejecutivo preside el Comité”, denunciaba a este diario una de las investigadoras que formaban el comité, Julia Martínez.

La incertidumbre de la moratoria urbanística

La incertidumbre política coincidió con la caducidad de la moratoria urbanística en el Mar Menor, que protegía a la laguna de la construcción de nuevas edificaciones en la costa mientras no se diseña un Plan de Ordenación del Territorio. Tras la resistencia inicial por parte de PP y Vox de renovarla, finalmente el Gobierno Regional aprobó una nueva medida cargada de polémica. Inicialmente los ayuntamientos ribereños creyeron que el nuevo decreto desbloquearía expedientes orientados a la construcción de cientos de viviendas y plazas hoteleras, además de dar luz verde a la tramitación administrativa del proyecto de ampliación del centro comercial Las Dunas, en Cabo de Palos, algo que negó el Gobierno Regional. “La prórroga de la moratoria urbanística del Mar Menor sigue imponiendo severas limitaciones para continuar protegiendo el Mar Menor ya que impide la construcción de nuevos desarrollos que conurben (cierren) el anillo del Mar Menor y exige la aplicación de medidas sostenibles en todos los desarrollos”, defienden desde el Ejecutivo.

Por su parte, las asociaciones ecologistas desconfían de la moratoria: “Si los mismos ayuntamientos han pedido una reunión a la Comunidad autónoma para que les aclare cómo debe interpretarse la ley, imagina las dudas que tenemos nosotros”, alerta García, que ve la renovación de la medida como “una demostración de improvisación”.

El Gobierno nacional entra en acción

ANSE explica cómo las competencias que ha abandonado el Gobierno Regional las ha tenido que asumir el Estado: “Han avanzado significativamente en la aprobación de ese plan de acción del Mar Menor, ha habido un antes y un después tras la intervención del Gobierno central”, detalla García. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha logrado cerrar 8.500 hectáreas de regadío ilegal, un “auténtico hito” si tenemos en cuenta que, paralelamente, la Junta se Andalucía ha iniciado un procedimiento para legalizar casi 800 hectáreas de regadío en el entorno de Doñana en el criterio de la UE y el Gobierno Central. “Ha habido un cambio muy importante en el paisaje de la zona sur del Mar Menor. En dos años hemos visto desaparecer las grandes superficies de plástico de la agricultura intensiva que llegaba casi a orillas de la laguna y las hemos cambiado por un paisaje de agricultura tradicional de secano de cebada”, ilustra García.

El coordinador de Ecologistas en Acción también celebra las acciones del Estado, aunque recuerda que “no se puede pretender siempre que venga el Estado a asumir competencias que de la Comunidad Autónoma. Para eso elegimos a nuestros representantes, para que asuman sus funciones reconocidas en el Estatuto de la Autonomía”.