El Parlamento recibe una reforma del Estatuto sin un nombre para Euskadi y sin margen para aprobarla esta legislatura
Los cinco expertos, uno por partido con representación en el Parlamento Vasco, comisionados para redactar un borrador de anteproyecto para la reforma del Estatuto de 1979, el más antiguo de España y el único no revisado, han completado este lunes su misión y la Cámara recepcionará este martes de manera formal la versión final de un documento articulado consensuado en gran medida por los ponentes de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos -aunque mantienen algunas discrepancias de fondo- y del que se han apartado, por razones opuestas, los de EH Bildu y PP. El texto, de 146 artículos finalmente, se conoce cuando el calendario de la legislatura vasca se va agotando y hay muy pocas opciones reales de que haya tiempo para su tramitación. De su redacción llama poderosamente la atención que no haya siquiera un mínimo consenso para denominar al territorio vasco, hasta el punto de sustituir el término por la palabra “nombre” en mayúsculas en más de un centenar de referencias: “Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, así como Navarra, tienen derecho a formar parte del (NOMBRE)” o “Las instituciones comunes del (NOMBRE) son el Parlamento, el Lehendakari, el Gobierno y las demás que se establecen en este Estatuto”.
Orillada la fórmula de “estado libre asociado” que se incluyó en la propuesta de Juan José Ibarretxe que acabó frenada en las Cortes Generales, el PNV planteó para Euskadi varias fórmulas como “comunidad foral vasca”, “comunidad nacional vasca”, “estado autónomo vasco” o “estado foral”. EH Bildu apostaba por “comunidad estatal vasca”. Mikel Legarda, el experto comisionado por el PNV (partido del que es diputado en el Congreso), explica en una nota a pie de página: “Respecto al nombre de la comunidad, [...] considero que sería más apropiado que lo decidiera el Parlamento”.
Sus colegas Alberto López Basaguren (propuesto por el PSE-EE) y Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos) no entienden que no sea posible hablar de “comunidad autónoma de Euskadi”. “Considero necesario optar por un nombre oficial único -comunidad autónoma de Euskadi- con independencia de la legítima utilización de los términos País Vasco o Euskal Herria. Y ha accedido al autogobierno como comunidad autónoma. En cada sistema federal existe la tradición de una denominación determinada y precisa de los territorios que lo constituyen (Estados, Cantones, Länder, Regiones). Entre nosotros se ha consolidado comunidad autónoma, es el que se corresponde con el utilizado en la Constitución y a mí no me parece en absoluto indigno ni que degrade la naturaleza del autogobierno del que es titular”, argumenta López Basaguren en su voto particular concurrente. Tampoco es capaz el texto de llamar “capital” a Vitoria y se limita a recoger que “la ciudad de Vitoria-Gasteiz es la sede del Parlamento Vasco y del Gobierno Vasco”.
Todas las competencias posibles
El acuerdo trabado por PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE viene a suplir a unas bases para la reforma estatutaria inicialmente pactadas por PNV y EH Bildu, que tenían un acento marcadamente soberanista. Desde el primer momento, los nacionalistas -singularmente el lehendakari, Iñigo Urkullu- apostaron en esta fase por incorporar también a los no nacionalistas y han minimizado referencias como el derecho de autodeterminación. Finalmente, como ya era conocido, en el texto base acordado este asunto pasa a una disposición adicional y en ella hay tres formulaciones diferenciadas, dos a favor de una referencia genérica a favor del derecho a decidir (las de PNV y Elkarrekin Podemos, ésta con la coletilla de que sea “legal”) y una contraria (la del PSE-EE). Sumadas a las visiones propias de EH Bildu y PP, el resultado es que en esta materia hay tantas definiciones como partidos.
El texto también lima la dualidad entre “ciudadanos” y “nacionales” vascos que planteaban PNV y EH Bildu para decantarse por un concepto genérico de “ciudadanía” para todas las personas residentes en Euskadi, aunque Legarda plantea que se pueda “reconocer la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca sin que ello pueda afectar la igualdad del individuo y los grupos en que se integra, ni suponer factor de discriminación alguna”. Hay consenso, en todo caso, en reconocer la “identidad nacional” del pueblo vasco, si bien López Basaguren apuesta por una redacción más similar a la de 1979 y quedarse con el término “nacionalidad”, que es el mismo ya contemplado en la Constitución de 1978.
En el plano competencial, el modelo de reforma planteado bebe de la disposición del artículo 149 de la Constitución que prevé que las comunidades autónomas accedan a todas las competencias que el Estado no se reserve como exclusivas y exprime las potencialidades del autogobierno en materias como la Administración de Justicia, el régimen económico de la Seguridad Social -ya previsto en 1979 pero no ejecutado- y otras políticas laborales y económicas o incluso en materia de acción exterior, aunque siempre de manera coordinada con el Estado.
Derechos sociales en el bloque de constitucionalidad
El texto, sin embargo, se abre de manera simbólica con un primer título de derechos que llevan por vez primera al denominado “bloque de constitucionalidad” prerrogativas como un ingreso mínimo, la vivienda, la muerte digna o la igualdad entre hombres y mujeres. Se incluye también -aunque el PSE-EE lo ve innecesario- que los presos cumplan su condena cerca de su domicilio, una demanda recurrente en torno a los condenados de ETA. Hay otra mención a las víctimas. Este catálogo amplía los derechos fundamentales ya previstos en la 'carta magna' de 1978 y recoge de alguna manera las leyes sectoriales que se han ido tramitando en los últimos años en la Cámara autonómica. Euskadi, por ejemplo, es una única comunidad con un derecho efectivo a la vivienda, algo simplemente previsto como “principio rector” y no como “derecho” en la Constitución.
El nuevo Estatuto prevé más poderes para la Comisión Arbitral, que pasaría a llamarse Comisión Arbitral y de Garantías. Es una suerte de Tribunal Constitucional interno coordinado por el presidente del Tribunal Superior y que dirime los conflictos competenciales entre el poder autonómico y el poder foral. Ahora conocería igualmente asuntos relacionados con los derechos estatutarios, sin perjuicio de la tutela judicial ordinaria y del papel del Ararteko como defensoría del pueblo. El PNV, asimismo, logra introducir un matiz importante al control constitucional ordinario de las leyes autonómicas con el impulso de una Comisión Mixta con el Estado, que en este caso tampoco tiene apellido porque los nacionalistas quieren que sea “Comisión Mixta del Concierto Político” y Elkarrekin Podemos y los socialistas la bautizan como “Comisión Mixta de Cooperación”. El objetivo es que “ésta se constituya como el instrumento ordinario y principal de relación entre el (NOMBRE) y el Estado” y los nacionalistas añaden que podría tener “carácter ejecutivo” para resolver conflictos competenciales con el Estado sin depender del Constitucional, no pocas veces calificado por el PNV como un “árbitro comprado” del Estado.
La reforma prevé también algunos cambios institucionales importantes en Euskadi, como dar potestad al Gobierno para legislar por decreto “en caso de una necesidad extraordinaria y urgente”, una fórmula muy ágil que existe para el Gobierno central y para algunas comunidades autónomas. El artículo 37.5 también incorpora una sorprendente previsión que abre la puerta a la celebración de elecciones “si no tiene lugar la investidura del lehendakari o la lehendakari”, algo innecesario salvo que se cambie el modelo de elección parlamentaria del presidente del Gobierno vasco, que no permite situaciones de bloqueo como la española.
En cuanto a la Ertzaintza -que ahora sí aparece con este nombre- el nuevo Estatuto mantiene como en 1979 un listado de las competencias propias de las Fuerzas de Seguridad del Estado aunque refuerza el papel de la Policía vasca como cuerpo integral y con capacidad de acceso a bases de datos internacionales. La ciberseguridad se menciona expresamente, algo que obviamente es nuevo. El experto López Basaguren plantea que en situaciones excepcionales el Gobierno central pueda ordenar la intervención de Policía Nacional y Guardia Civil bajo supervisión de las Cortes Generales, como se contempla en la normativa vigente.
El PP amaga con el Constitucional
Finalizada la misión de los expertos, el resultado es un texto articulado compartido en buena medida por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos y otros dos discrepantes de EH Bildu y PP. “Manifiesto mi total discrepancia respecto del mismo, por entender que no es fiel traslación” de las bases pactadas en su día por PNV y EH Bildu y que los juristas tenían que trabajar, ha dejado por escrito Iñigo Urrutia (EH Bildu), que critica también que haya puntos sensibles como el del derecho a decidir en el que no haya un consenso. Desde el entorno 'popular', Jaime Ignacio del Burgo ha señalado que el proyecto desborda la Constitución y que no tiene recorrido jurídico. Ha respaldado su trabajo Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, quien en rueda de prensa ha recalcado que “no hay más nación que la española” y que la reforma busca “vaciar” de competencias al Estado en Euskadi.
El texto y los votos particulares serán vistos por la Mesa del Parlamento, que se reúne todos los martes. De ahí se derivarán a la ponencia de autogobierno, creada en 2013 con esta misión y que todavía ha de afrontar la parte más importante. La coordinadora, Jone Berriozabal (PNV), ha convocado ya una reunión el 11 de diciembre para iniciar el análisis del borrador de los expertos. A partir de ahí, quedaría toda la tramitación ordinaria. Teniendo en cuenta el período mínimo que leyes mucho menos complejas requieren en la Cámara, haya o no elecciones anticipadas la reforma se antoja imposible para esta legislatura.
Lograda la aprobación inicial en Euskadi, el texto saltaría a las Cortes Generales. La propia reforma alude a que en un futuro pueda articularse una consulta previa no vinculante para reforzar el mandato parlamentario ante el Estado, si bien López Basaguren lo considera innecesario. Es una vieja demanda política del PNV y algo ya existente en la II República. Sólo después de la luz verde de Congreso y Senado la reforma se sometería a referéndum. Pero el camino no acabaría ahí, ya que existe la posibilidad de que el texto, como le ocurrió al Estatuto catalán, sea recurrido al Constitucional. Lo podría hacer Vox al superar el mínimo de 50 diputados y Alonso, preguntado por los periodistas, ha asegurado que el PP haría lo necesario para preservar la “unidad constitucional” de España.
