Álava contrató a Montai porque la carpa del Instituto de la Memoria tenía que ser “la misma” en todas las localidades

El Instituto de la Memoria (Gogora), un organismo dependiente de la Presidencia del Gobierno vasco, organizó una exposición itinerante para difundir su actividad como gran iniciativa desde su creación en 2015. La carpa, gestionada en exclusividad por las cuatro empresas vinculadas al miembro del PNV Aitor Elorza (llamadas Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazio, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak), ha visitado una veintena de localidades desde 2016 hasta 2019 y, ese primer año, el proyecto fue cofinanciado por las instituciones locales visitadas, quienes también contrataron al unísono al grupo de empresas de Elorza. En el caso de Vitoria, pagaron parte del coste el Ayuntamiento y la Diputación de Álava. El diputado general, Ramiro González (PNV), ha argumentado que se eligió a Estali La Karpa, porque “se pretendía que fuera igual en todos los lugares” y “el material era el mismo en cada una de las exposiciones”.

En el caso de Vitoria, el coste total -unos 29.000 euros (todas las cifras incluyen el IVA como en los informes oficiales sobre este asunto elaborados por el Gobierno vasco)- se partió en seis adjudicaciones de modo que ninguna por separado superase el máximo de 18.000 euros (en este caso más IVA) que impide tramitar el expediente sin concurso. La “gestión” de la exposición fue contratada a Denok (2.173,46 euros para Vitoria dentro de un contrato para cinco ediciones), Montai recibió la encomienda del “montaje y desmontaje” (un paquete de ocho exposiciones a 2.616,63 euros cada una), Kultur Kirol Zerbitzuak se encargó del transporte y almacenaje del material (2.344,29 euros por cada una de ocho muestras) y a Estali La Karpa le correspondió el alquiler de la carpa (22.263,5 euros). Este último servicio, a su vez, se partió en tres: la lona (11.979 euros abonados por la Diputación), la tarima (5.979,50 euros pagados por el Ayuntamiento) y los contrapesos (4.295 euros, sufragados por el propio Instituto de la Memoria).

El PP ha llevado la factura concreta de la Diputación a la sesión de control de las Juntas Generales de Álava como la semana pasada preguntó por ello al alcalde de Vitoria, el también 'jeltzale' Gorka Urtaran. El diputado general ha garantizado el “escrupuloso respeto a la ley” de la factura concreta de la institución foral, tramitada como contrato menor por no superar el umbral de las adjudicaciones directas. De hecho, ha explicado que encargó “personalmente” un informe para dejarlo claro. “Máxima transparencia, máximo cumplimiento de la legalidad”, ha solemnizado González, que es jurista de profesión.

Sin embargo, González ha parecido dar a entender que fue Gogora quien indicó a quién contratar la carpa. “Consistía la iniciativa en la instalación de una carpa que se pretendía que fuera igual en todos los lugares. El material era el mismo en cada una de las exposiciones y por ese motivo se contrató a Estali La Karpa”, ha señalado el diputado general. “Gogora actuaba de coordinador”, ha añadido. Ello coincide con la versión ofrecida por los Ayuntamientos de Eibar y Arrasate-Mondragón, si bien la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, nunca ha aclarado este extremo.

Estali La Karpa, una de las cuatro patas del grupo Montai, fue creada cuatro días antes de la inauguración de Gogora -6 y 10 de noviembre de 2015, respectivamente- y en aquella época de 2016 no tenía ni trabajadores ni medios materiales. En realidad, la empresa que contrataron Vitoria, Álava y el resto de municipios no es la que realizó el trabajo, ya que la carpa era de la compañía asturiana Langreana de Carpas (Grupo La Karpa). En estas empresas trabajan, además de Elorza, varios miembros del PNV, algunos cargos públicos en activo y dos de ellos miembros del grupo juntero del PNV en Álava, Onintze Guerra y Roberto González Muro.

Desde la bancada del PP, Iñaki Oyarzábal ha denunciado que le “llovieran contratos” no sólo desde Gogora sino desde la Presidencia o de otras áreas del Gobierno vasco a Montai. “Están utilizando las instituciones vascas para beneficiar a empresas del PNV”, ha sentenciado, y ha añadido que algunas prácticas recuerdan a las del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que se saldó con duras condenas a excargos nacionalistas en Álava liderados por Alfredo de Miguel. También EH Bildu y Elkarrekin Podemos han cuestionado en otros momentos estas adjudicaciones, la mayoría 'a dedo'.

González, airado, ha respondido que Álava formalizó “11.879 facturas” en 2016 y que el PP “sólo pregunta por una”. “Lanza acusaciones gravísimas. Se está empeñando en hacer de esta Cámara un Parlamento español. No lo va a conseguir. Esto no va a ser el Congreso de los Diputados. Aquí va a seguir primando una forma de afrontar las cuestiones seria y desde el cumplimiento de la legalidad”, ha apostillado. González, en la legislatura 2007-2011, fue el portavoz del PNV en la comisión de investigación creada para analizar una de las derivadas del 'caso De Miguel', la recalificación de Zambrana por la que cobró comisiones ilegales De Miguel. “Se ha desmontado la idea del delito”, concluyó en una de sus intervenciones. Oyarzábal, de su lado, nada ha dicho del anuncio de la pasada semana del PP de llevar este asunto a la Fiscalía.